En nuestra labor diaria, hemos confirmado una premisa dolorosa, pero urgente: los derechos no se vulneran de forma aislada. Existe una interseccionalidad crítica entre el origen étnico y la edad que define las oportunidades de vida en la República Dominicana.
No basta con “promover derechos” en abstracto. Nuestro enfoque se centra en desmantelar las barreras del racismo estructural y la negación histórica que, según datos recientes cruzados con informes de pobreza multidimensional (SIUBEN, 2023), afectan desproporcionadamente a las comunidades afrodescendientes y, por herencia directa, a sus niños, niñas y adolescentes.
1. Comunidades Afrodescendientes: Rompiendo el “Silencio Estadístico”
Históricamente, la población afrodescendiente ha enfrentado no solo discriminación social, sino una exclusión sistémica que comienza con la invisibilidad estadística.
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El problema de la data: Como evidencian análisis recientes sobre el Censo 2022, las categorías de autoidentificación a menudo diluyen la realidad demográfica, fragmentando la identidad bajo etiquetas como “indio” o “mulato”. Esto dificulta el diseño de políticas públicas focalizadas.
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Pobreza y Raza: Existe una correlación verificable entre la negación de la identidad y la pobreza. La falta de reconocimiento cultural a menudo deriva en barreras de acceso a documentación civil. Sin un registro civil robusto, se perpetúa la “muerte civil”: adultos sin cédula que no pueden acceder a empleos formales ni justicia.
Nuestra intervención: Trabajamos para pasar de la anécdota a la evidencia. Acompañamos a líderes comunitarios no solo en la denuncia, sino en la documentación de casos para exigir al Estado garantías constitucionales, combatiendo el endorracismo que debilita el tejido social.
2. Niñez y Adolescencia: Herederos de la Exclusión
Proteger a la niñez implica, obligatoriamente, proteger la identidad de sus padres. Cuando una comunidad es marginada por su origen étnico, sus jóvenes heredan esa vulnerabilidad.
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El impacto en la educación: Un niño o niña sin documentos (a causa de las trabas administrativas que enfrentan sus padres afrodescendientes o migrantes) ve limitado su acceso a la educación superior y al mercado laboral formal, perpetuando el ciclo de pobreza.
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Protección contra la violencia: Los adolescentes de comunidades racializadas son estadísticamente más vulnerables a la perfilación y a la violencia institucional.
Nuestra labor se alinea con la Ley 136-03 y la Convención sobre los Derechos del Niño, pero con un enfoque específico: el derecho al nombre y a la nacionalidad como la puerta de entrada a todos los demás derechos. Abogamos por políticas que eliminen las trabas burocráticas en el registro civil que afectan desproporcionadamente a estas poblaciones.
Un llamado a la Justicia Basada en Evidencia
No podemos construir un futuro justo sobre cimientos de desigualdad histórica. Nuestro compromiso va más allá de la asistencia; es una lucha por la restitución de la memoria y la identidad.
Creemos en un modelo de desarrollo donde la inclusión no sea un favor, sino una garantía legal. Invitamos a la sociedad civil, a la cooperación internacional y al sector privado a mirar los datos, reconocer las brechas estructurales y unirse a nosotros para construir soluciones que aseguren que ningún niño, niña o adolescente vea su futuro limitado por el color de su piel o su origen.